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La transparencia es la mejor medicina contra la corrupción

El Parlamento Europeo dictó una directiva en el año 2019, y que es de aplicación obligatoria desde diciembre de 2021, destinada a la protección de las personas que informen sobre las infracciones de las que tengan conocimiento en el desempeño de su trabajo, tanto en las administraciones públicas como privadas.

Elevamos al pleno municipal una propuesta de acuerdo para la creación de un canal garantista para la persona denunciante en el ámbito municipal en aplicación de la directiva europea

La transparencia en las administraciones públicas es la mejor herramienta para que nadie “meta mano en el cajón” de la economía común. ANDO Sataute cree que cuidarnos de la corrupción en las administraciones públicas debe ser una prioridad, evitando que se lesionen los intereses de la ciudadanía y se pierdan recursos que deben estar siempre dirigidos a mejorar la calidad de vida de toda la población. El pasado mes de noviembre, elevamos al pleno municipal una propuesta de acuerdo para la creación de un canal garantista para la persona denunciante en el ámbito municipal en aplicación de la directiva europea. El grupo de gobierno, liderado por el Partido Popular, votó en contra del debate de esta propuesta, alegando que no es competencia municipal.

Las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en ese contexto. Al informar sobre infracciones, actúan como denunciantes y desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones. Además, la comunicación de información sobre infracciones no vulnera ninguna restricción sobre revelación de información. Sin embargo, en muchas ocasiones, las personas que descubren estas situaciones irregulares suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias. En este contexto, es cada vez mayor la preocupación y el reconocimiento, a escala tanto de la Unión Europea, como internacional, de la importancia de prestar una protección equilibrada y efectiva a las personas denunciantes.

Las denuncias y revelaciones públicas hechas por las denunciantes mejoran la transparencia y la rendición de cuentas de quienes tiene la responsabilidad de gestionar los bienes colectivos y públicos, ya que las infracciones, con independencia de si el derecho nacional las clasifica como administrativas, penales o de otro tipo, pueden provocar graves perjuicios al interés público, en el sentido de que crean riesgos importantes para el bienestar de la sociedad. Quienes denuncian suelen encontrarse en una posición privilegiada para revelar la existencia de infracciones y es necesario potenciar la aplicación del derecho introduciendo canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros, y garantizando la protección efectiva de las personas denunciantes frente a represalias.

El ayuntamiento de Santa Brígida debe garantizar el cumplimiento del marco normativo y ofrecer las mayores garantías de protección frente a represalias contra las personas que denuncien irregularidades

Avelina Fernández Manríque de Lara, proponente al pleno municipal de la moción, asegura que el ayuntamiento de Santa Brígida debe garantizar el cumplimiento del marco normativo y ofrecer las mayores garantías de protección frente a represalias contra las personas que denuncien irregularidades que hayan descubierto en su contexto laboral o profesional. En concreto Manrique de Lara planteaba en la moción la adecuación y adaptación de los sistemas de recepción de comunicaciones del Ayuntamiento de Santa Brígida, así como la Sociedad Municipal de Deportes a la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, planificando la creación de un canal garantista para la persona denunciante en el ámbito municipal.

Según esta directiva, todos los municipios de más de 10.000 habitantes deben crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias de irregularidades

Según esta directiva, todos los municipios de más de 10.000 habitantes deben crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias de irregularidades, estableciendo un canal de denuncia que permita la posibilidad de formularlas por escrito o verbal, presencial o vía telefónica, así como por otros sistemas de mensajería, e incluso con capacidad de recoger denuncias anónimas. Recoge la directiva que estos canales de denuncia deben estar diseñados y gestionados de forma segura, garantizando la confidencialidad de la identidad de la persona denunciante y de terceras personas mencionadas en la denuncia, impidiendo el acceso a la denuncia de personal no autorizado. Además, señala que debe ser obligado emitir el acuse de recibo en un plazo máximo de 7 días y dar respuesta el denunciante lo antes posible y siempre antes de los tres meses.

Esta propuesta se presentó para su debate en el pleno del pasado mes de noviembre, pero el alcalde decidió no incluirla en el orden del día, al entender que no era competencia municipal. Tras rebatir sus argumentos por parte de ANDO Sataute, el alcalde rectificó permitiendo que se incluyera por asuntos de urgencias. La vuelta se la dieron luego, votando en contra de la consideración de urgencia de la moción, no permitiendo que se debatiera y se sometiera a votación la propuesta.

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