Cuando aún no se ha cumplido los dos años desde las elecciones pasadas en las que la ciudadanía nos respaldó dándonos una representación de cuatro concejales, damos otro importante paso hacia el desbloqueo de la parálisis que padece el municipio con “La Mole”. El pasado cuatro de abril fue presentado en el Registro del Consejo Consultivo de Canarias el expediente de revisión de oficio para la declaración de NULIDAD DEL CONTRATO formalizado en noviembre de 2002 entre el Ayuntamiento de Santa Brígida y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa. El objetivo de este paso es que el Consejo Consultivo de Canarias emita el dictamen preceptivo sobre este contencioso que mantiene paralizadas las obras en el centro del casco del municipio desde hace más de una década.

Junto con toda la Corporación Municipal de Santa Brígida, tras un acuerdo plenario por unanimidad de los ocho partidos con representación en el Ayuntamiento en junio de 2016,  iniciamos las el proceso de nulidad del contrato del edificio de aparcamientos y zona comercial, fundamentado en los informes jurídicos elaborados por un gabinete jurídico externo, expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria. Con ello se preparó el expediente que fue ratificado el pasado mes de octubre y que tras las alegaciones formuladas al mismo se ha tramitado ante el Consejo Consultivo para que proceda a emitir el dictamen preceptivo en virtud de la Ley 5/2002 del Consejo Consultivo de Canarias. Con la solicitud, se entregó también un DVD sobre “declaración testificales y periciales en el P.O 166/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, así como desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento se adjuntó una “Adenda documental de revisión de oficio”, que consta de cuatro anexos.

Los 17 concejales unieron su voto en busca de la Nulidad del Contrato con la UTE

Como “el inicio del fin”  definió el Alcalde satauteño, José Armengol Martín, la aprobación por unanimidad de aquel primer acuerdo y que con él, los ocho partidos políticos representados en el Pleno Municipal,  reflejaron el “sentir de la sociedad de Santa Brígida” de la necesidad de acabar con la inacción del Ayuntamiento ante un asunto que ha costado a los vecinos de la Villa una condena millonaria en indemnizaciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que obtuviera la concesión y el contrato para el polémico edificio. “Vamos a trabajar con esta apuesta de la Corporación, añadió,  en el marco legal y con cautela jurídica”, pero también insistió en que era necesario el acuerdo porque “la inactividad también cuesta dinero a los vecinos y vecinas”.

Melquiades Álvarez,  portavoz de ANDO Sataute, dijo que “se trataba de un año de trabajo de la Corporación y colaboradores internos y externos. Un trabajo que nos ha absorbido todo el tiempo pero que supone un punto de inflexión de este tema pero también de la política municipal”. También lamentó las presiones sufridas por técnicos y miembros de la Corporación de “manera impresentable por la UTE por escrito”. Asimismo felicitó a la Corporación por el acuerdo y advirtió que “el camino no acaba aquí sino que será largo”, pero ya lo han iniciado.