El Gobierno de Canarias ha invitado movimiento canario por la emergencia climática  del que forma  parte la organización ANDO Sataute a participar del proceso participativo para establecer los criterios de actuación frente al cambio climático. Hasta el 6 de noviembre se  puede presentar propuestas dentro de esta primera fase.

El Ejecutivo regional convocó esta reunión para iniciar con los colectivos interesados el proceso participativo que permitirá mejorar la Ley del Cambio Climático de Canarias. Acudieron a la Sede del Gobierno de Canarias diferentes colectivos de las islas, tanto de Gran Canaria como de Tenerife por vídeoconferencia.

Participaron en la reunión personas y entidades representativas del Movimiento Canario por la Emergencia Climática, para la elaboración del Proyecto de Ley de Cambio Climático y el Plan de Acción del Cambio Climático.

El Consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena explicó que se quiere llevar adelante la elaboración  de la Ley y el Plan con el concurso de colectivos como los presentes, para que sean corredactores y agilizar al máximo un proceso que se sabe lento.  Se ha preparado el Decreto de urgencia para recortar a la mitad los tiempos y tenerlo introducido en el Parlamento en julio de 2020.

Destacó también que esta Ley modificará necesariamente otras como es la Ley del Suelo que pasará a llamarse del Territorio ya que se trata de ir hacia la mitigación de las causas del cambio climático y adaptación mientras se intenta frenar el deterioro y sus causas.

Añadió que será necesario un proceso participativo en el que se trabaje con grupos transversales (turismo, energético, industrial, etc.). Asimismo reconoció que hay sectores no interesados en una LCC ambiciosa, insistió. Si bien señaló que antes de que esté  en vigor la Ley se va a actuar.

El proceso participativo está abierto en un portal de internet creado con este fin pero se empezará a trabajar desde ya en documentos con talleres de metodología participativa.

A esto se suma que se harán varias reuniones como la actual, así como que hay varios modelos a seguir como los de Islas Baleares, Cataluña, Andalucía o País Vasco, que habrá que adaptarlos a la realidad canaria y resaltó que será una Ley intergeneracional. Insistió, que actuará para proteger la biodiversidad, la gestión de residuos (hasta llegar a la Ley de Economía Circular en el primer semestre de 2020) y la energía para la que también habrá proceso participativo.

A continuación y durante más de una hora, las personas representantes de los distintos colectivos, tanto de Tenerife como de Gran Canaria expusieron sus consideraciones que giraron en torno al modelo de monocultivo turístico que no es sostenible, y con el que se financia a empresas como es el caso de la quiebra de la Agencia Thomas Cook. También señalaron los problemas de los acuíferos, la pérdida de especies propias y proliferación de especies exóticas introducidas. Por ello se pidió actuar sobre las causas y no sólo paliar los efectos, así como evitar las contradicciones como lo es parar el muelle de Agaete y continuar con otras grandes infraestructuras.

Asimismo se instó a tener en cuenta las necesidades sociales y la movilidad sostenible, como es el modelo de Azores en cuanto a utilización de recursos (transporte público) y puesta en producción del suelo. Además de advertir la falta de conocimiento sobre la tecnología 5G o la compensación por la huella de carbono. Los proyectos del céntimo forestal por cada litro de gasolina para destinarlo a la recuperación de montes y un largo temario (agua y su ciclo, transporte, energía, agricultura local, educación ambiental, comercio y consumo responsable, empleo verde, perspectiva de género…).

Cerró el encuentro el responsable autonómico quien explicó los pasos dados en los últimos 3 meses, indicando que se han centrado los esfuerzos en realizar el diagnóstico basándose en las aportaciones de la comunidad científica de las universidades canarias, para conocer las evidencias a nivel global y su traslado al territorio canario del cambio climático, para hacer proyecciones sobre sus posibles impactos en 2030, 2050 y hasta fin de siglo, según la evolución de los tres factores: Crecimiento de la población y migraciones, economía sustentada en el Carbono y producción de gases de efecto invernadero y los cambios de uso del suelo. Y las políticas de mitigación que podrían desarrollar: reducción de gases cambiando el modelo de consumo y aumento del proceso contrario (absorción).

Lo que se pretende con la futura Ley es que haya una Agencia que disponga de un banco de datos con las universidades que permita modular las proyecciones, pero esto no se verá hasta el próximo siglo. Se tienen en cuenta hasta 18 áreas afectadas, incluidas la fiscalidad, los seguros…, y en cada una, los impactos, si son controlables, cuáles son prioritarios, cuáles son los riesgos, evaluación, contrapartidas en la aplicación de medidas de adaptación y reducción.