La situación actual de pandemia sanitaria y su consecuente crisis social y económica está teniendo efectos sin precedentes. El impacto en el empleo está siendo devastador con un aumento del paro mensual de un 9,5% en Canarias y un 6,84% en el municipio de Santa Brígida según datos del ISTAC (Instituto Canario de Estadística). La aplicación de ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y la destrucción de la actividad económica afecta sobre todo a las personas más vulnerables, que ven cómo sus ingresos se reducen e incluso desaparecen de un mes para otro.
Las soluciones propuestas han intentado frenar esa sangría social en forma de aplazamientos de hipotecas y alquileres, subsidios para determinados colectivos, etc. instrumentos todos ellos loables, pero que se encuentran con el gran obstáculo de la carga burocrática que suponen y el impacto de deuda que generarán tanto sobre la sociedad como en el Estado.
Como alternativa, cada vez más voces desde todas las posiciones políticas se alzan en pos del establecimiento de una renta mínima, renta básica o renta de emergencia. Una transferencia directa desde el Estado a determinados colectivos para ayudarles a superar esta situación. Las ventajas de este instrumento radican en que permitiría mantener el flujo de dinero en la economía y que, bien gestionado, supondría agilizar y acelerar las ayudas en un momento donde cada día cuenta.
Los ayuntamientos pueden y deben jugar un papel clave en la salida de esta crisis, ya que son las instituciones más cercanas y pegadas a la realidad de una ciudadanía que da la mejor valoración a su gestión en las distintas encuestas publicadas. La aplicación de una renta mínima debe, por lo tanto, contar con ellos de manera obligatoria al igual que se hace con otro tipo de políticas sociales.
ANDO Sataute se muestra favorable al establecimiento de esa renta de emergencia que alivie la incidencia de la crisis provocada por esta situación extraordinaria e insta a las instituciones involucradas en la resolución de su establecimiento a que procedan con la mayor celeridad y diligencia. Sin descuidar otras medidas, la renta de emergencia será la base para lograr una mayor justicia social y económica.
INGRESO CANARIO DE EMERGENCIA- ICE
Ingreso Canario de Emergencia (ICE)
- ¿Qué rango tiene la norma?
Decreto-Ley, a propuesta de la Consejería de Derechos Sociales, y aprobado por el Consejo de Gobierno.
Existen 3 vías para solicitarla:
1.- Por teléfono, en el 012.
2.- Por sede electrónica: Web del gobierno de Canarias.
3.- Por los servicios sociales de los Ayuntamientos.
- ¿Quién puede solicitarlo?
Personas mayores de 18 años, que no perciban ningún otro ingreso. La persona solicitante será el titular de la prestación y como beneficiarios su unidad de convivencia
- ¿Personas por núcleo familiar que pueden solicitarlo?
Solo 1 por familia. La cuantía a percibir se verá incrementada por el número de personas que viva en el mismo núcleo familiar.
El Ingreso Canario de Emergencia se realizará en un solo ingreso, a lo largo del mes de mayo.
- ¿Cuánto es la cuantía del Ingreso Canario de Emergencia?
El ingreso será de las siguientes cuantías, en función de los miembros que formen la unidad de convivencia:
- Unidades formadas por 1 persona: 367 euros
- Unidades de dos personas: 415 euros
- Unidades de tres personas: 453 euros
- Unidades a partir de cuatro personas: 478 euros
- ¿Puedo solicitar el Ingreso Canario de Emergencia (ICE) si en mi núcleo familiar hay alguien que percibe la PCI o PNC?
No. Es solo para núcleos familiares donde no se perciba ningún tipo de prestación, pensión, subsidio por desempleo, etc.
- ¿Puedo solicitar el Ingreso Canario de Emergencia si he solicitado otra prestación pero todavía no me la han concedido?
Sí. Se tiene derecho al Ingreso Canario de Emergencia si en el momento de la solicitud, el mes en curso y el anterior a la misma, no se dispone de ningún tipo de ingreso por trabajo, prestaciones u otros.
- ¿Puedo solicitar el ICE si fui perceptor/a de la PCI hace un tiempo?
Sí. Si cumple con el requisito de no percibir en la actualidad ninguna prestación.
- ¿A cuántas personas se espera llegar?
A 38.000 unidades de convivencia. Cerca de 100.000 personas.
Nuestros cálculos indican que costará unos 16 millones de euros.
Con recursos propios de la consejería de Derechos Sociales: con dinero presupuestado dentro de la Prestación Canaria de Inserción y adelanto de la Renta de Ciudadanía (unos 6 millones) y con fondos de emergencia recibidos del Ministerio de Derechos Sociales (10 millones)
- ¿Qué pasa si dos personas de una misma unidad de convivencia llaman al 012 y piden la ayuda? ¿Cómo se comprueba que son de la misma unidad?
Se tiene que informar de todas las personas que forman la unidad de convivencia al hacer la solicitud. Posteriormente los datos se cruzan y se comprueban.
- ¿Y si mienten al pedir la ayuda?
Al tramitar la ayuda, ‘firman’ una declaración responsable de que los datos que están dando son ciertos. En caso de no serlos, y en la comprobación que se hará a posteriori, serán penalizados con la devolución de la prestación recibida.
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