En el pasado Pleno Ordinario de enero, el concejal de ANDO Sataute, José Armengol Martín, recordó que el Ayuntamiento acordó el pasado año nos acogerse a la subvención del Gobierno de Canarias para desarrollo de los Planes Generales. En el caso de Santa Brígida, se decidió que la finalidad de este trabajo fuera abordar los aspectos que favorezcan el desarrollo turístico del municipio. En este sentido, el alcalde respondió que en estos momentos se está elaborando por parte de Urbanismo, el pliego técnico que permita la contratación de dichos trabajos. Similares respuestas se dieron a otros asuntos urbanísticos de gran importancia para el municipio, como el concurso de las obras del ARRU, o el muro caído en el acceso al Camino de La Rocha, pendientes de informes que nunca culminan.

El portavoz de ANDO añadió la necesidad de que se planifique de forma adecuada los instrumentos que acompañan el desarrollo del Plan General, y en este sentido se retome lo concerniente al Plan Especial de Casco e Inventario de Patrimonio, como elementos fundamentales para una correcta conservación y divulgación de los valores del municipio.

Por su parte, el concejal de ANDO, Javier Ramírez Mendoza, planteó abordar las actuaciones que se han realizado tanto por esta Corporación como por la anterior, tendentes a establecer quien es responsable de la reparación del muro que afecta al acceso desde la GC15 al Camino La Rocha, una obra que se ha parcheado con una malla que cubre el hueco y que se instaló días después de la celebración del Pleno de enero. En este sentido, preguntó por qué no actúa el Ayuntamiento, una vez agotadas las vías para localizar a la propiedad o establecer el dominio del mismo. Para ello, instó a que este ayuntamiento actúe de oficio y proceda a la reparación del mismo, máxime cuando su coste no supera los 6000 €, con la finalidad de proporcionar mayor seguridad a viandantes y tráfico rodado de la zona. Una actuación que no impide que posteriormente se ejecute el preceptivo expediente de recobro al o los responsables del mismo. La respuesta del concejal delegado detalló las gestiones realizadas, en el sentido de que se trata de un muro de titularidad privada, pero muro colapsó hace varios años, durante todo este tiempo se han realizado diversos trámites, con intención de localizar a los propietarios. En todo este tiempo muchos vecinos se han acercado a la Concejalía, para mostrar su preocupación y se ha enviado operarios a señalizar la zona. Sin embargo, en la situación actual, la administración no puede acometer esa obra, al tratarse de un particular, así que Vías y Obras ha solicitado un informe al servicio jurídico de Urbanismo, para que defina,s fundamente y dé cobertura legal para poder actuar de oficio, al encontrarse la vía en peligro y ante la incomparecencia de la propiedad, y que pueda actuar la administración como si fuera una responsabilidad civil subsidiaria. Según los técnicos, requiere la realización de un proyecto y si la valoración asciende a menos de 40.000€, con los procedimientos oportunos y ese informe jurídico se podrá actuar y recobrar a los propietarios.

ANDO Sataute señala que el grupo de Gobierno hará lo solicitado, aunque como en muchos temas se está pendiente de un informe, en este caso solicitado al abogado de urbanismo, por lo que ANDO se pregunta cuál es la labor del cargo de confianza, el asesor jurídico, que era el candidato número 2 en las listas de Ciudadadanos… pero a estas alturas de mandato, la organización de la oposición municipal desconoce a qué se dedica.

Ramírez Mendoza reiteró la preocupación por la parálisis del proyecto del proyecto del Ayudas a la. Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), interesándose por el punto en que se encuentra la consecución de la Ordenanza que permita establecer un IBI especial para la aportación económica de los y las propietarias de las 96 viviendas, de modo que definitivamente se pueda sacar a licitación el ARRU. Asimismo, planteó las causas por las que no se informa públicamente a la ciudadanía sobre dichas gestiones, dada la alarma que origina tanta incertidumbre. El concejal delegado indico que el borrador de la ordenanza ya se ha redactado, se ha dado traslado al servicio de Intervención y ésta ha formulado una serie de reparos, y faltan unos detalles que añadir a esa ordenanza. El edil rechazó que se esté generando alarma, y advirtió que nadie este creando alarmismo de forma intencionada, puesto que a los vecinos y vecinas del ARRU, todos los que han pedido cita el concejal o el alcalde se les ha informado, personalmente, telemáticamente, o telefónicamente, de los pasos que se han dado, y calificó el proyecto como continuista, del mandato anterior, pero afirmó que no empezó bien, porque esa ordenanza, desde el momento en que se solicita la subvención, que se aprueba, que se licita y aprueba un proyecto, tenía que haber estado, y no simplemente un mero compromiso de los y las propietarias para pagar su parte, acusando a la administración de los problemas, al afirmar que desde el inicio del expediente no ha hecho bien las cosas, y ahora se encuentran con una obra abierta en canal porque se tuvo que acometer por la vía de emergencia por la seguridad de los y las vecinas del bloque 23.

El concejal afirma que no es plato de buen gusto tener la calle cortada, esas vallas de obra ese edificio abierto, la imagen y aspecto que da es de más inseguridad, pero esto no estaría pasando si desde el inicio expediente se hubiesen hecho las cosas bien y esta ordenanza por la que ahora estamos esperando se hubiese redactado y aprobado inicio cuando se redactó el proyecto. Por ello afirma estar informando a los vecinos, que se responderá por parte de la Alcaldía y la Concejalía por la misma vía a una carta firmada por bastantes vecinos, tranquilizando a estos e informando de las pasos que están dando y poder llevar a la plataforma de licitación, adjudicar y ejecutar esa obra necesitada por los residentes.

ANDO Sataute espera que el concejal no olvide que la excusa podría ser válida al comienzo del mandato, pero tras casi dos años para aprobar una ordenanza de rebaja de impuestos a un grupo de vecinos por una obra, no se justifica, que el trámite puede ser tan rápido como aprobar dos subidas de sueldos para el grupo de Gobierno. El problema es que no solo están soportando una situación dramática los/as residentes, sino que se aleja la posibilidad de tramitar el segundo ARRU.

Otro asunto planteado por Javier Ramírez Mendoza fue la petición de información sobre qué decreto municipal, o norma jurídica, da cobertura legal a la concesión administrativa del uso temporal de suelo público, para la instalación de terrazas en los negocios de hostelería de nuestro municipio, como ha hecho por ejemplo el ayuntamiento de Agaete. Estando de acuerdo por supuesto con la misma, ANDO muestra su preocupación por si surgen problemas derivados de responsabilidad civil subsidiaria en caso de que ocurriera algún percance no deseado, o que los controles de aforo no sean los establecidos en la Fase 3 del actual estado de alarma, y en este punto si se están llevando a cabo las medidas de vigilancia y control por parte de la policía local. No hubo respuesta.

El concejal de ANDO, culminó su intervención solicitando al concejal de Urbanismo que informe sobre qué medidas se están adoptando ante la denuncia de una vecina del municipio, con respecto a unas obras supuestamente ilegales que se llevan a cabo en el acceso a la vivienda sita en carretera Las Meleguinas 63-65. El concejal delegado respondió afirmando que era la primera vez en los años que lleva de concejal en que se pregunta por el expediente de un particular en un pleno. El concejal de ANDO señaló que no es una pregunta, sino un ruego ya que una vecina se ha interesado por este asunto. Tras lo que el concejal delegado indicó que cualquier persona que denuncie unas obras presuntamente ilegales tiene que usar el procedimiento, en primer lugar denunciar, se persona el agente de urbanismo, comprueba si hay obras o no y si éstas tienen o no licencia, si no la tiene se le insta a parar la obra y a solicitar licencia y en el caso de que no lo haga se procede a la apertura de un expediente infracción urbanística.