Una de las anécdotas más singulares de aquel 15-M de 2011, hace una década, fue el destino del dinero que la asamblea de ciudadanía “indignada” de Santa Brígida reunió para pagar una multa que el consistorio municipal les impuso. El intento de reprimir la protesta ciudadana por la grave situación que padecía el país, la pérdida de identificación de la ciudadanía con las actitudes de determinados políticos, como el caso del ‘doblete’ que realizaba el alcalde en aquel momento, Lucas Bravo de Laguna, quien actuaba como primer edil y como consejero de Deportes del Cabildo, lo que suponía una doble responsabilidad. La sanción que se impuso y se pagó, tuvo que ser devuelta por una sentencia que daba la razón al movimiento social. Con lo recaudado y recuperado, se compró material escolar, a un negocio local, para alumnas y alumnos de primaria y secundaria del municipio. Aun así, se pusieron todos los impedimentos para el reparto, ya que se intentó entregar el material en la Secretaría del Ayuntamiento para que este los entregara, a través de Servicios Sociales, entre las familias con circunstancias económicas más difíciles, pero el Ayuntamiento puso pegas a esta entrega.

El Ayuntamiento multó a Daniel López, uno de los miembros de la asamblea del 15M, por “abandonar o arrojar folletos”. Esta multa fue la respuesta del consistorio a una campaña de carteles que denunciaban la permanente ausencia del alcalde en su puesto de trabajo. A finales del año 2012, la justicia dio la razón a este vecino de la villa, obligando a pagar los costes del proceso al Ayuntamiento satauteño. Durante todo este proceso la asamblea intentó recolectar la mayor cantidad de dinero posible para poder pagar la multa que, consideraban, se había impuesto a todos los miembros de la asamblea.

A comienzos de 2013, con todo el dinero recolectado y una vez ganado el proceso, la asamblea decidió continuar con la campaña que llevó a la multa. En su momento denunció con carteles de “Se busca” la incomparecencia de Lucas Bravo en las oficinas municipales, y la asamblea intentó pagar un “rescate” para lograr su regreso.

Como pago de ese ‘rescate’, la asamblea compró en el municipio material escolar que se dividió en casi cien paquetes de material para el alumnado de primaria y secundaria, que incluían libretas, bolígrafos, rotuladores y otro material de papelería. En el momento de la entrega del centenar de paquetes, el Ayuntamiento puso pegas para recoger el material, indicando que los/as miembros del 15M debían esperar a que el consistorio pudiera recoger tal material, o que los propios activistas lo llevasen a las instalaciones de Servicios Sociales.

En este proceso apareció Lucas Bravo de Laguna, que fue interpelado por uno de los/as asamblearios/as intentando informarle de la entrega que querían realizar. El entonces alcalde rechazó hablar con ellos/as, y señaló que no tenían que intentar convencerle de nada.

Entonces la asamblea hizo patente que los/as políticos/as no deberían presentarse a dos cargos, pues reciben un sueldo para dedicar todo su tiempo a aquello para lo que han sido elegidos.

Finalmente, Lucas Bravo de Laguna terminó por renunciar a la Alcaldía, en 2013, para continuar como Consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, tras 7 años en el cargo, en que él también había sido concejal.