El pasado miércoles 1 de julio tuvo lugar la primera toma de contacto entre el nuevo grupo de gobierno y la constructora adjudicataria de la construcción y concesión del complejo del centro comercial, aparcamientos, plaza pública y parque urbano situado en el centro del casco urbano de Santa Brígida.

A la reunión asistieron el Alcalde, José Armengol, el Concejal de Urbanismo, Eduardo Martín, el Concejal de Educación y Cultura, Melquiades Álvarez, la Concejala de Vías y Obras, Oneida Socorro, y por parte de la constructora, Juan Madrigal, ex gerente de la UTE, Antonio del Toro y Enrique Hernández, abogado y nuevo gerente de la UTE, respectivamente.

En un ambiente cordial y positivo, el que fuera gerente de la UTE hasta el pasado año, Juan Madrigal, comenzó exponiendo su visión del caso a los representantes municipales desde el inicio de las obras hasta la situación actual. Después de la exposición inicial, los concejales iniciaron una ronda de preguntas que fueron contestadas principalmente por Antonio del Toro, abogado de FCC.

Tras un primer intercambio de impresiones, ambas partes convinieron en que la situación de bloqueo del solar ocupado por el centro comercial se ha tornado intolerable tanto para la ciudadanía, como para el Ayuntamiento y la propia constructora, además del deterioro de la imagen del municipio de Santa Brígida de cara a la opinión pública, por lo que la conclusión fue que hay que encontrar una solución lo más rápidamente posible.

Ya de lleno en los aspectos jurídicos del caso, se debatió en profundidad las posibles consecuencias de la sentencia del TSJC de julio del 2014, donde el Ayuntamiento está obligado a indemnizar a FCC con unos 8 millones de euros más unos 3.800 € diarios por lucro cesante desde el momento de paralización de las obras, lo que a día de hoy ascendería a unos 19 millones de euros según cálculos aportados por Antonio del Toro. No obstante el Concejal de Urbanismo, Eduardo Martín, recordó al letrado y a sus representados que a raíz de la mencionada sentencia, el Ayuntamiento interpuso un incidente de nulidad de acciones que, en caso de prosperar, anularía el efecto de la misma.

Además, los representantes municipales esgrimieron una serie de hechos que parecen contradecir el título y objeto del contrato, como por ejemplo, la sustitución de los multicines por una superficie alimentaria, la ocupación parcial de la vía Presbítero Blas Marrero, que queda fuera de alineación con respecto a la malla urbanística actual, y que como especifica claramente el Pliego de Condiciones debía prolongarse a lo largo del edificio para desembocar en el Paseo Guiniguada; el propio rediseño del proyecto en contra de lo estipulado en contrato, que afectó a un sustancial cambio de volumetría y superficie construida del mismo, etc.

Por otro lado, los representantes de FCC se comprometieron a enviar un índice de documentos del caso al Concejal de Urbanismo y al Alcalde con el fin de poder cotejarlos con los documentos del expediente custodiado en el Ayuntamiento y aportarlos, en caso de ser requeridos, a los asesores externos que el grupo de gobierno está consultando en estos momentos.