A lo largo de la historia en todas las sociedades aquellos que ejercen el poder civil y el religioso han favorecido y promovido la fusión pública de ambos. Los acontecimientos civiles han contado con la presencia y por lo tanto la bendición de los altos cargos de la Iglesia y viceversa, no existe ceremonia o sacramento religioso que no cuente con un representante de la corporación autonómica o municipal. Así, la Iglesia proporciona respetabilidad, legitimidad moral, al poder político y éste, a cambio, encumbra a un culto determinado por encima del resto, convirtiéndolo en referente de autoridad. Las normas y valores éticos de la sociedad se asocian de esta manera a creencias determinadas y continúa transmitiéndose la idea de que la moralidad va asociada a la religiosidad.

Con el cambio político que se ha producido, vemos como a lo largo y ancho del Estado numerosas corporaciones intentan apostar por la separación de las esferas civil y religiosa y la reducción de los actos religiosos al ámbito de lo privado. Los que deciden no asistir en representación de un cargo oficial a una ceremonia religiosa explican que defienden el derecho a la libertad de culto, pero también la independencia del poder civil con respecto al poder religioso y el derecho a tener otras creencias o ninguna. Y en todas partes se encuentran con la resistencia cuando no abiertamente con el rechazo e incluso el insulto por parte de aquellos que se consideran ninguneados por la nueva autoridad. Es razonable que sea así; si algo nos demuestra el estudio de la Historia es que son las mentalidades lo más complicado y difícil de cambiar en una sociedad, o lo que es lo mismo, que aquellos hábitos arraigados y repetidos durante siglos terminan por convertirse en determinantes de la identidad. Pero eso no significa que sean “verdad”. O que sean la única verdad. O desde luego, que sean inamovibles. Las comunidades evolucionan y siempre lo hacen con la oposición de una parte de sus miembros. Pero cuando creemos que los cambios son necesarios, y que responden a una nueva lectura de la realidad, debemos iniciarlos y mantenernos firmes en ellos.

Y ahora nos encontramos en tiempos en que debemos mantener con firmeza la separación entre las esferas laica y religiosa de la vida pública. Elegimos a nuestros representantes por sus programas políticos, no por sus creencias religiosas y debemos dejarles en libertad de no asistir a una ceremonia religiosa o de hacerlo a título escrupulosamente personal, porque de esta manera la corporación mostrará su equidistancia con todas las creencias o no creencias, pero sobre todo porque si decide no asistir, el representante público manifestará su respeto por una ceremonia que será sagrada para sus fieles, pero en la cual él no cree. De esta manera, manteniéndonos firmes en esta línea, terminaremos por comprender que los valores éticos de una sociedad no son monopolio de una religión; terminaremos por aprender a separar lo ético de lo religioso, 500 años después de que el realismo político de Nicolás Maquiavelo comenzara a proponerlo.

Añadimos a esta reflexión, escrita hace ya unos meses, las palabras del propio dirigente de la Iglesia Católica: El papa Francisco ha defendido el modelo de Estado laico con una sólida ley de libertad religiosa que permita expresar la fe en público y garantías para ejercer la objeción de conciencia. «Un Estado debe ser laico. Los Estados confesionales terminan mal. Esto va contra la Historia” ha subrayado el pontífice en una entrevista concedida a una revista católica francesa (La croix) la semana pasada. De esta forma, ha reivindicado el derecho de cada persona a mostrar en público su fe, ya sea una mujer musulmana que quiera llevar el velo o un católico que quiere llevar colgada una cruz. Absolutamente de acuerdo con Francisco, añadimos el derecho de cada persona (o personaje público)  a mostrar en público su ausencia de fe.