Por segunda vez, un Tribunal de Justicia le dice a la empresa FCC (empresa que lidera la UTE Santa Brígida) que no puede seguir sangrando las arcas públicas del Ayuntamiento de Santa Brígida. El Supremo rechaza que la constructora siga cobrando al pueblo satauteño 3.743 euros diarios por la obra de la ‘mole’ que no terminó en su momento y no podrá terminar porque no cuenta con el amparo legal para hacerlo.

Hace unos días, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección Primera del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado mes de octubre por la que desestimaba la pretensión de la UTE Santa Brígida que pretendía ampliar a nuevos vencimientos la indemnización que por sentencia había conseguido la citada UTE y que suponía que el Ayuntamiento tendría que pagar 3743 euros por día adicional de paralización de la obra de la ‘mole’ desde el 17 de marzo de 2011, con lo que se sitúa el final de ése ‘suma y sigue’ en el 22 de julio de 2014. La ratificación de esta sentencia evita al Ayuntamiento de más de casi 4 millones de euros que se sumarían a otros 4,5 millones por este concepto y, además, el Supremo condena en costas a la UTE. La sentencia del Supremo viene a ratificar y hacer firme la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La Sala del Supremo que abordó el recurso de casación preparado por la representación de la UTE Santa Brígida contra la sentencia emitida el 18 de octubre pasado, ha estado formada por nueve magistrados, siendo el ponente Jesús Cudero Blas. La decisión de esta Sala ha sido no admitir a trámite en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90.4.d de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. “Y ello por cuanto el recurso que se prepara carece de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.

Aunque esta sentencia supone un respaldo a las tesis municipales, con un ahorro cercano a los cuatro millones de euros, la UTE tiene que recibir en veinte meses ocho millones de euros como indemnización y otros 4,5 millones por perjuicios, por un sentencia de la legislatura pasada.