Una sentencia declara “nulo de pleno derecho” el pago de 700 euros por un vado para personas discapacitadas. La denunciante, una vecina de Santa Brígida, alegó que la ordenanza reguladora de esta tasa era “claramente discriminatoria”

La Corporación satauteña aprobó en Pleno el pasado mes de diciembre una modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del aprovechamiento especial del suelo para la reserva de espacio en el caso de personas que tengan reconocida la movilidad reducida, gracias a lo cual se redujo en un 80% el importe a pagar por las personas afectadas. Dicha tasa fue modificada tras el procedimiento iniciado por el actual Grupo de Gobierno tras conocer el coste que suponía la tasa en vigor desde 2010, iniciando el expediente que contó con el informe jurídico de la Secretaría municipal y de la Intervención.

El acuerdo plenario que redujo en un 80% la tasa contó con los votos a favor del Grupo de Gobierno y el voto en contra del Partido Popular y de la agrupación Cambio por Sataute.

El pasado 24 de julio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria dictó una sentencia que declaraba “nulo de pleno derecho” los decretos y providencias de apremio por los que se exigía el pago de 700 euros por la tasa correspondiente a un vado para personas discapacitadas. La denunciante, una vecina de Santa Brígida, alegó que la ordenanza reguladora de esta tasa era “claramente discriminatoria”, hecho que ha sido reconocido por la sentencia que condena en costas al Cabildo Insular, la empresa Valora y al Ayuntamiento satauteño, tal como recoge el diario Canarias7 en su edición del pasado domingo, si bien la citada tasa ha sido modificada desde finales de 2016 con una importante rebaja para las personas afectadas.

De hecho, esta sentencia sólo afecta a la demanda presentada, ya que el pasado 29 de diciembre, en sesión plenaria, se abordó la modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público, en su artículo 7, apartado B) sobre utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, en el concepto B.4, punto 3 de reserva de espacio”. El acuerdo, aprobado por la mayoría del Grupo de Gobierno (9 votos) frente a 7 abstenciones (la oposición), abrió un debate en torno a que se estaba aprobando una reducción para los y las residentes que sean reconocidos como Personas con Movilidad Reducida (PMR), cuando el beneficio debería ser progresivo al entender la portavoz popular que hay quienes no tienen recursos y otros que sí los tienen y se va a beneficiar a todos por igual. Cambio por Sataute, por su parte, señaló que según el informe de la interventora la rebaja de un 80% es excesiva.

Ante estas manifestaciones, la concejal de Contratación, Tesorería y Recaudación indicó que la iniciativa partió de la petición de un vecino y de los grupos de la oposición para que se suprimiera el 100%, lo cual no contempla la legislación. A pesar de ello se ha reducido un 80% y que las PMR viven una permanente dificultad para su vida cotidiana y es objetivo del Grupo de Gobierno dar respuesta a las necesidades de las personas afectadas.

A pesar de los reparos de la Intervención y la solicitud de la oposición para dejar sobre la mesa el asunto, se decidió llevar a votación la iniciativa “que tendrá un coste para el Ayuntamiento de unos 3000 euros” y se comprometió a que el Grupo de Gobierno trabajará para mejorar esta ordenanza así como todo lo relacionado con la mejora de la accesibilidad y movilidad en el municipio.