Ando Sataute presenta al pleno del día 25 de Mayo una moción a través de la que se rechaza y se solicita la suspensión del canon o tasa que se pide que abonen las bibliotecas públicas de los municipios de más de 5000 habitantes por el préstamo de sus libros, según el Real Decreto 624/2014, del 18 de julio, con el objetivo de remunerar a los autores por los préstamos de sus obras en función del número de usuarios que la soliciten y los préstamos que se realicen en cada biblioteca.

A las bibliotecas municipales se les obliga a pagar dos tipos de remuneración económica: una será por el número de obras que son objeto de préstamo y tengan derechos de autor, y otra por cada usuario que haya hecho uso del servicio de préstamo durante el año correspondiente, sin tener en cuenta si las obras que lleva a casa están o no protegidas por derechos de autor, de modo que se obliga a las bibliotecas a pagar por derechos que ya han expirado. Además, el decreto no considera que las bibliotecas pagan derechos de autor cada vez que adquieren un ejemplar de cualquier obra, de manera que esta tasa implicaría pagar dos veces por el mismo concepto. 

La implantación de este decreto conlleva que los ayuntamientos deben pagar por los préstamos que se realizan en las bibliotecas públicas municipales y por sus usuarios activos. Esta retribución saldrá de los escasos presupuestos que se destinan a estas instituciones, además, esta tasa, si bien no la pagan directamente los usuarios, será saldada mediante los impuestos municipales que paga toda la ciudadanía. Asimismo, su pago implicará que haya menos recursos para el mantenimiento de los servicios que dé la biblioteca, menos inversión para la mejora y la adquisición de todo tipo de nuevos documentos, actividades culturales y programas de fomento de la lectura, una mejora de los centros existentes o la creación de nuevos espacios destinados a las bibliotecas.

El Real Decreto penaliza, en el fondo, que una biblioteca cumpla el papel que se le ha asignado, el de “satisfacer las necesidades de la población en materia de formación, información, cultura y ocio”. Es decir, se castiga que funcione correctamente, como un ente activo donde los préstamos fluyan y se incrementen y se fomente la lectura y, por lo tanto, que haga más dinámica a su comunidad vecinal.

Esto nos hace dudar de si puede tratarse acaso de un negocio privado que se realiza a través del dinero público, dado que lo que se recauda será gestionado por empresas privadas, elegidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, para que realicen el pago anual a los autores y autoras a los que se pretende proteger, sin que exista una garantía real de que los ingresos les lleguen directamente.

En definitiva, consideramos que esta legislación no supone ningún beneficio ni para la ciudadanía, ni para los autores y autoras, sino que atentan contra una institución que, lejos de ser una amenaza, apoya y sustenta, con sus labores de promoción de las distintas obras, el sector del libro en España. Además, cumplen con una función social primordial, pues su actividad permite que existan espacios culturales abiertos y gratuitos donde se favorece al desarrollo del libre pensamiento y la educación y la formación permanente de toda la ciudadanía.

De esta manera, Ando Sataute propone al Pleno cinco acuerdos para dar solución a la problemática planteada: la manifestación del rechazo al Real Decreto por el Ayuntamiento, la petición al Gobierno del Estado para que suprima el canon, la impugnación de la misma ante los tribunales, una supresión de cualquier pago de tasas hasta que se resuelva el proceso legal mencionado anteriormente y, por último, trasladar este acuerdo al Gobierno central, al Cabildo Insular, al Gobierno de Canarias y a Abigranca (Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria) y Probit (Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife).

 MOCIÓN PRESENTADA AL PLENO