Para contestar a esta pregunta es necesario conocer varios aspectos de nuestro sistema eléctrico y de los mecanismos de fijación de precios. Con la modificación del sector eléctrico de 1997 para adecuarla a las exigencias de la UE se fracciona el sector en varios segmentos: producción, transporte, distribución y comercialización; pero solo se liberaliza el origen, producción y el final, la comercialización. Por ello las grandes eléctricas trocean sus empresas pero mantienen la bajo su control diferentes segmentos de la producción, distribución y comercialización.

El precio de la luz para los consumidores domésticos tiene unos componentes fijos, la potencia contratada y equipos de medida y otras variables, y la energía consumida; a ello hay que añadir el impuesto eléctrico del 5,113% de los términos de potencia y energía, y a todo ello se aplica el 21% de IVA, llama la atención que el IVA se aplique también al impuesto eléctrico. Así, aproximadamente, el 35% de recibo medio corresponde al precio de la energía, el 22% serían impuestos y el resto es el componente fijo.

El precio mayorista de la energía se calcula cada día en la subasta diaria para cada hora, con la casación de energía que demandan las comercializadoras y con el precio de oferta de las productoras. En esta subasta denominada marginalista, primero entra a precio de 0€ MWh la energía nuclear, la hidroeléctrica y las renovables a precio también cero y a continuación entra la energía producida por el resto de centrales, carbón y centrales de gas de ciclo combinado, por orden de menor a mayor precio ofertado. El precio que oferta la última central aceptada en la subasta para cubrir la demanda, señala el precio a pagar para todas las centrales, exceptuando a las renovables de régimen especial. Así, si la generación de renovables es más alta se abarata el precio de la electricidad.

Sin embargo, en estos días el precio de la electricidad se ha disparado superando los 70€ MWh, mientras en enero de 2016 era de 26,52 euros.Estos precios no se han visto desde diciembre 2013, cuando se suspendió el anterior sistema de subasta trimestral, CESUR, debido a la sospecha de manipulación en la oferta de producción; debido a que las empresas del oligopolio controlan el grueso de la oferta y podrían sacar del mercado centrales más baratas o de coste cero para cubrir la demanda con centrales de tecnologías más caras, elevando así el precio de la electricidad en la subasta.

Los oligopolios de las eléctricas ha sido una constante en España.

Pero para el ministro Nadal, y otras fuentes gubernamentales, los factores climáticos son los culpables, ya que por un lado, se incrementa la demanda por las bajas temperaturas, y por otro la persistencia de la situación anticiclónica ha limitado la generación de las granjas eólicas; a esto sumamos además la falta de disponibilidad de energía hidroeléctrica. A pesar de estas excusas, el ministro ha dado instrucciones a la CNMC para que investigue si ahora también se está produciendo manipulación en la oferta.

 A la situación anterior, se añade que en la vecina Francia se han parado muchas centrales nucleares, lo que ha elevado la exportación desde nuestro país, ya que los galos tienen unos costes de producción mucho más altos, cercanos a 110€ MWh, así las eléctricas españolas obtienen más beneficios, pero elevan también el precio de la energía en nuestro país. Algunos expertos calculan que esto supone un encarecimiento del 6% aquí.

En base a todo lo anterior, podemos afirmar que habría varias tareas para acometer la escalada de los precios de la energía eléctrica. Por un lado, incrementar el parque de producción de energías renovables;  los analistas del sector, incluso el propio el ministro de Energía, coinciden en que abaratan el precio de la factura eléctrica, a lo que añado que también tiene la ventaja de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro, controlar que no exista manipulación en las ofertas de producción por parte de las empresas dominantes del sector; y adicionalmente la modificación del sistema de subasta, para evitar la sobreremuneración de centrales ya amortizadas como las nucleares y las hidroeléctricas, un efecto conocido en el sector como “windfall profits”  o “beneficio caído del cielo” calculada  entre los 2.300 y 3.300 millones de euros anuales.

Con esta realidad, no es de extrañar la oposición frontal de los partidos que han gobernado en nuestro país, a la realización de una auditoría de costes del sector eléctrico. Algo fundamental si queremos desentrañar de una vez por todas la madeja del nuestro sistema eléctrico.

FUENTE: lareplica.es