Fragmento extraído, por Ando Sataute, del artículo del mismo nombre
El término «radical» es uno de esos palabros que nunca se definen porque todo el mundo cree saber lo que significan así que, para no perderme, me atendré a la acepción pepera de que radical es lo peor que se puede ser. Resisto incluso la tentación de remontarme al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y sus tremendos escándalos de corrupción para limitarme a asegurar que es precisamente la política del PP, durante la legislatura a punto de concluir, la más radical «lerrouxista» de las practicadas en lo que llevamos de democracia. Con corrupción incluida, claro. Si no es así, ya me explicarán cómo llamar a la vuelta de calcetín que le ha dado Rajoy al país que ha empobrecido a millones de españoles. De las clases medias y populares, se entiende, ya que por arriba, desde 2008 a esta fecha, se ha incrementado el número de millonarios nada menos que 50.000, un 40%. Un ritmo superior al del resto del mundo. Una crisis muy selectiva, pues.
Estos son los datos aportados esta misma semana por el informe que elaboran periódicamente Capgemini, multinacional de origen francés, y el Royal Bank of Canada. El informe se refiere a la riqueza en el mundo y confirma lo que ya sabíamos por otras fuentes: el preocupante aumento de la desigualdad económica en España que, por la marcha que lleva, igual desemboca en catástrofe social. Sobre todo porque la desigualdad no la provoca una simple política económica, que se cambia si no funciona: estamos ante un Gobierno marcado por una ideología, la neoliberal de Friedman y la escuela de Boston, que recomienda justo lo que Rajoy nos ha hecho. El Gobierno pepero ha seguido las recetas de Friedman hasta en la rapidez con que ha aplicado sus medidas para no darle tiempo a los afectados de hacerse cargo y reaccionar. Por eso, para cogernos con los calzones en los tobillos, engañó al electorado: aseguró por activa y por pasiva que no haría lo que puso en marcha nada más llegar a La Moncloa. Nos cambió la vida antes de que nos diéramos cuenta. Si eso no les parece radical, no sé qué me dirán de lo apuntado por el informe que acabo de citar acerca de la desigualdad: sufrimos una política económica deliberada que genera millonarios por un lado y pobreza por el otro.
La noticia del incremento de los millonarios la alivió la sospechosa oportunidad de la encuesta de presupuestos familiares con su registro de un levísimo incremento del gasto familiar que pasó a engrosar los macronúmeros en que se apoya Rajoy para asegurar no que España va bien, todavía no se atreve, sino que se va remediando.
Dicen que España no recuperará el nivel de 2007 hasta dentro de dos años. Una expectativa que yo pondría en un bloque de hielo porque pueden estar alentando la esperanza de que aguantando un poco más volveremos a ser felices. Es decir, mejor es no arriesgarse y votar en noviembre al PP para que no se fastidie la cosa. Ese es el mensaje que pretenden. En este sentido, el miércoles pasado Luis Linde, gobernador del Banco de España, anunció de hecho que en el futuro no habrá pensiones por lo que recomendaba a los jóvenes practicar la virtud del ahorro que les ponga a cubierto en el futuro. A muchos les pareció sarcástico el consejo de Linde cuando los salarios de los que han conseguido empleo han caído tan bajo que ni siquiera permiten salir de la pobreza. El régimen de transferencias de las rentas del trabajo a las del capital ha sido el objetivo por lo que tampoco debería sorprender que el empobrecimiento de la población se corresponda con el aumento del censo de millonarios.
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«Desde siempre, tras unas elecciones la oposición ha dado a los electos cien días de tregua para que se hagan con el cargo. Esta vez no ha sido así, al menos en Madrid donde comenzó enseguida la batalla para demostrar al electorado que le ha tocado un Gobierno municipal que llevará al desastre a la capital de España. Al PP se le han juntado las prisas por ponerse en marcha de cara a las legislativas de noviembre y la despechada corajina de perder el Gobierno municipal y ni cien días ni leches.
El primer episodio, el de Guillermo Zapata que iba para concejal de Cultura pero no llegó. Se le cruzaron en el camino unos twits realmente repugnantes que no dejan de serlo por más que los escribiera hace años y los hayan sacado de contexto. El contexto, por lo visto, era no sé qué debate sobre los límites del humor negro. No sé, la verdad, como se puede debatir ese asunto a base de mensajes tan cortos y como se le puede ocurrir a alguien con un mínimo de sensatez largar burradas y sobre todo mencionar nombres de personas. Hay mucha gente que tiene en la mayor consideración a Zapata, que ha tenido que renunciar, como no podía ser menos, a llevar la concejalía de Cultura aunque siga como concejal. Ni qué decir tiene que la decisión de Manuela Carmena de mantenerlo tiene que ver más con su ponderación de jueza que con su nueva condición de política. Es evidente que sopesó el asunto, consideró que sí, que debía irse de Cultura, pero se negó, por su sentido de la Justicia, a condenarlo de por vida por mucho que condene el contenido de los twits del conflicto. Una decisión que ha sido muy discutida y con la que no está de acuerdo el socialista Antonio Carmona, que apoyó a Manuela para que se hiciera con la alcaldía, aunque la aceptara porque confía en su criterio.
El incidente no ha dudado en utilizarlo Rajoy para ir creando ambiente dentro de su forma poco noble de hacer política. Era curioso ver detrás suyo, sonriendo complacido, a Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Un personaje que no destaca precisamente por su prudencia y que hizo no hace tanto burla de la memoria histórica y de los familiares de asesinados por el franquismo asegurando que han venido a acordarse de sus muertos para hacerse con el dinero de las subvenciones. Este es uno de los tantos comentarios que hemos oído en boca de peperos de los que no pocos continúan ejerciendo cargos públicos. Sin consecuencias claro. Esto que digo no significa que esté de acuerdo con Iñigo Errejón, uno de los dirigentes de Podemos que atribuyó el caso Zapata a la campaña en contra del PP. Porque ni aunque así sea no resta gravedad al asunto. El que hayan esperado años para poner en circulación el contenido de los twits pone de manifiesto la intención, el juego sucio si se quiere, pero eso no justifica a Zapata.
Caso distinto es el de Rita Maestre. Es una chica joven, concejala también del equipo de Manuela Carmena, que hace años participó en un acto de protesta en la capilla de Universidad Complutense durante la celebración de un acto religioso. Su acción fue calificada de ofensa al sentimiento religioso por la que sigue imputada. Resulta curioso que siga el PP manteniendo en sus listas y en sus cargos no ya imputados/as e incluso a gente que habrá de sentarse en el banquillo por delitos de corrupción y se muestre tan estricto con Maestre. Incluso más que el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, que le ha restado importancia y ha demostrado en sus declaraciones un tono y una templanza que nada tiene que ver con la actitud del anterior arzobispo Rouco Varela.
En el caso de la concejala, Carmena se ha negado a adoptar medida alguna. Ella conoce bien el contexto en que se produjo la acción en que intervino Maestre que no tiene que ver con la Religión en sí sino con el artículo 16 de la Constitución que dice, claramente, que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” por más que, de hecho, siga funcionando como tal la católica. Que en la Complutense haya una capilla reservada para el culto católico no indica otra cosa. Lo que se ve corroborado por la asistencia de representantes de los poderes del Estado asistir como tales, no como simples creyentes, a actos religiosos. Sin ir más lejos, hace unos ¿dias? los alcaldes electos de Santiago, La Coruña y Ferrol se encontraron con la celebración en Santiago del tradicional homenaje al Santísimo Señor Sacramentado. No acudió ninguno de los tres, lo que generó división de opiniones pues junto a los que criticaron su ausencia, también los hubo, creyentes incluso, que recordaron la aconfesionalidad del Estado y la necesidad de diferenciar entre el espacio público y el religioso y de respetar también los sentimientos de los pertenecientes a otras confesiones y hasta los de quienes no profesan ninguna. El que parece no haber entendido nada es el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, para quien el problema es “el olvido de Dios”, idea que contrasta con la de monseñor Osoro. Es evidente que se trata de un asunto no resuelto porque, realmente, no ha generado conflictos graves, pero sigue estando ahí.»
Fuente: eldiario.es
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