​En esto de las renovables, España es un país de récord. Tristemente, no por los éxitos conseguidos en aprovechar el sol y el viento, con los que podríamos producir más de 56 veces nuestras necesidades de electricidad. En eso ya tuvimos nuestros días de gloria, pero pasaron.

Ahora, mientras son otros países los que triunfan con las renovables, en España somos campeones en la guerra CONTRA las renovables. El impuesto al sol, o el hachazo a las renovables son expresiones que hemos oído muchas veces, tras las que se esconde una estrategia sostenida para liquidar el prometedor sector renovable para beneficio de su acérrimo enemigo: las grandes eléctricas.

Esa estrategia se ha materializado en un conjunto de normas y leyes que componen la llamada “reforma energética”, que ya inició el último Gobierno del PSOE, pero que elevó a su máxima expresión y frenesí el Gobierno del PP bajo la batuta del ínclito ministro Soria, al que ahora han querido premiar con un alto cargo en el Banco Mundial.

Con la excusa de acabar con el “déficit de tarifa”, lo que se ha hecho ha sido cambiar las normas a mitad de la partida. Donde el BOE decía que a quien produjese una cierta cantidad de electricidad con energía renovable le correspondía tal incentivo económico, la reforma energética limitó primero y eliminó después tales incentivos y los cambió por otros muy inferiores que no existen en ningún país, mientras establecía una moratoria sobre la instalación de nuevas renovables. O sea, palo a quien estaba y que no venga nadie más.

Quienes habían confiado en lo que decían las leyes para invertir en renovables solo pudieron organizarse y protestar, o bien, en el caso de grandes empresas extranjeras, acudir a los tribunales internacionales de arbitraje para reclamarle al Estado español lo que les prometió por ley cuando invirtieron. Ningún país del mundo tiene tantos pleitos abiertos por empresas perjudicadas por la política energética. La paradoja es que, si el motivo del hachazo se decía que era económico, la realidad es que para defenderse de esos pleitos, el estado (o sea, tú) se está gastando más de 13 millones de euros (8,9 millones el actual Gobierno en funciones) en contratar abogados y consultores. Gran negocio para las consultoras, pésimo para la ciudadanía.

Sea quien sea quien acabe gobernando, es imprescindible que la desastrosa reforma energética se desmonte pieza por pieza y se construya una nueva política energética que nos conduzca a un sistema eficiente, inteligente y 100% renovable, con el que nos ahorraríamos un 34% en facturas energéticas y crearíamos más de 3 millones de empleos.

Y no hace falta esperar a que haya Gobierno para anular el impuesto al sol, ya que todos los partidos menos el PP se comprometieron a hacerlo, y ese compromiso se ha incluido en el pacto PP-Ciudadanos. Así que, ¿a qué esperan?

Desde Greenpeace  siguen presionando a todos los partidos políticos a que anulen las reformas del PP en materia energética, nefastas para la ciudadanía, el dinero público y el medio ambiente. Gobierne quien gobierne, hay que seguir defendiendo los intereses de todos y todas.