La UE pretende firmar dos acuerdos de largo alcance: uno con Canadá (CETA en inglés o AECG en castellano, Acuerdo Económico y Comercial Global) y uno con los EE. UU. (TTIP = Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones). La línea oficial es que esto creará puestos de empleo e incrementará el crecimiento económico. Sin embargo, quienes se benefician de estos acuerdos no son l@s ciudadan@s, sino grandes corporaciones:

• Arbitraje de Diferencias Inversor-Estado (conocido como ISDS, del inglés Investor-state dispute settlement): Inversores extranjeros (por ejemplo empresas de Canadá y EE. UU.) tienen el derecho de demandar por daños y perjuicios si creen que han sufrido pérdidas debido a las leyes de la UE o de los estados miembros. Esto puede afectar también a leyes concebidas para defender el bien común, como protección al medioambiente o al consumidor.
• Incluso los grupos de empresas están destinadas a ser incluidas durante la elaboración de nuevas normas y leyes, en el caso de que sus intereses comerciales pudiesen verse afectados. El nombre de este es: “cooperación regulatoria”. Esto significa que se invita a representantes de grandes empresas a participar en los grupos de expertos para influir nuevos proyectos de ley, incluso antes de que se discutan en los parlamentos democráticamente elegidos. ¡Esto socava la democracia!
• Las grandes empresas han tenido, y continúan teniendo, una excesiva influencia en las negociaciones secretas relacionadas con el CETA y el TTIP. Según declaraciones oficiales, tan sólo en la fase preparatoria del TTIP se celebraron 590 reuniones entre la Comisión Europea y representantes de grupos de presión (lobbies). El 92% de estas reuniones eran con los representantes de empresas, mientras que sólo en unos pocos casos se mantuvieron conversaciones con representantes de asociaciones de consumidores y de sindicatos. Representantes de la industria también están ejerciendo influencia durante las negociaciones. Algunas partes de proyectos de texto filtrados a la opinión pública salen directamente de la pluma de los lobbies de empresas.
• Las negociaciones son llevadas a cabo en secreto. Hasta nuestros representantes públicos saben poco sobre su progreso. Una vez concluídas las negociaciones, reciben los resultados en largos acuerdos (el del CETA tiene unas 1.500 páginas, por ejemplo), por lo que sólo pueden o aceptar el acuerdo o rechazarlo, sin posibilidad de pedir correcciones.
• Los derechos de los trabajadores se ven amenazados y los puestos empleo en muchas industrias se encuentran en peligro. En los EE. UU., tan sólo unos pocos derechos básicos de los trabajadores están reconocidos (sólo dos de los ocho derechos fundamentales del trabajo de la OIT). En la agricultura y en las compañías eléctricas, la pérdida masiva de empleos podría ocurrir debido a una mayor competencia venida del exterior.
• La liberalización y la privatización están destinadas a convertirse en avenidas de sentido único. El regreso de los servicios públicos, hospitales o la recolección de residuos en el sector público se haría más difícil o incluso imposible a través del CETA y el TTIP una vez que estos servicios hubiesen sido privatizados.
• Además, la UE y sus estados miembros están siendo presionados para permitir tecnologías de riesgo tales como el fracking o los organismos genéticamente modificados.
• Las normas alimentarias y de protección del consumidor para cosméticos y productos médicos amenazan con ser estandarizadas al mismo nivel que en los EE. UU. Sin embargo, lo que necesitamos son mayores estándares de protección, y no una rebaja de los mismos, bien sea para el uso de plaguicidas como para la agricultura industrial o las fuentes de energía renovables. La cooperación regulatoria y el ISDS lo harían más difícil o imposible.

El CETA y el TTIP quieren aumentar el poder de las multinacionales a expensas de la democracia y el bien común. ¡No debemos permitir que esto suceda! Por favor, ¡firme nuestra Iniciativa Ciudadana Europea!

¡Juntos podemos detener el TTIP y el CETA!

Fuente: Stop TTIP